El pasado viernes 7 de octubre, Eric Adams, alcalde de Nueva York, declaró el estado de emergencia para solventar la llegada de los más de 17.000 inmigrantes desde primavera de este año. El sistema de acogida de la Gran Manzana tiene bajo su tutela a más de 61.000 personas, de las cuales un tercio son niños. El sistema está desbordado y, si esta tendencia continúa, se superarán los cien mil durante 2024. “Esto es insostenible”, asegura el político demócrata.
Washington D.C. y Chicago son otras de las ciudades más afectadas por la afluencia de miles de inmigrantes, la mayoría venezolanos, que llegan de improviso de la noche a la mañana. Forma parte de la política de ciertos estados republicanos de envío sin previo aviso de inmigrantes a bastiones demócratas en respuesta a la postura más conciliadora de la administración Biden respecto a la entrada irregular de personas (entre otras iniciativas, pretende derogar el Título 42, que permitía la devolución en caliente durante la pandemia). Tanto Greg Abbot, gobernador republicano de Texas, como su homólogo en Florida, Ron DeSantis, han facilitado autobuses (e incluso aviones, destacando dos que transportaron a varias decenas de inmigrantes a la casa de Kamala Harris en Martha’s Vineyard) para los que acaban de pisar suelo americano. Así, en los pueblos fronterizos se les da la opción de pagar para ir a ciudades próximas o un viaje gratis a los blue states con la promesa de que encontrarán acogida y trabajo.
El resultado: los que buscan labrarse un futuro mejor aparecen en comunidades que no esperaban su venida. Irónicamente en algunos casos puede resultar hasta beneficioso para ellos. En otros muchos lugares, como en las avenidas de Harlem y Manhattan, el desenlace es desastroso.
Martha’s Vineyard, Massachussets. EFE.
La inmigración como arma política no es ni mucho menos un concepto nuevo. Sólo hace falta recordar las dramáticas imágenes en las fronteras entre Turquía y Grecia en 2017-2018, en la de Ceuta en mayo de 2021 y entre Bielorrusia y Polonia a finales de ese mismo año.
Con anterioridad, la politóloga Kelly Greenhill había estudiado 56 casos de desplazamientos humanos como instrumentos de coerción política entre 1953 y 2006. Algunos ejemplos se dieron en la guerra de Biafra (1967-1970), en el éxodo de Mariel de 125.000 cubanos a Florida en 1980, entre la RDA y la RFA a principios de los ochenta, en Kosovo en 1999, entre Libia y la UE en varias ocasiones o en la crisis de los balseros haitianos en 1994, que sirvió para convencer a Estados Unidos para que apoyara el recién instalado régimen de Jean-Bertrand Aristide en la isla caribeña.
Lukashenko, Mohamed VI, Erdogan, Fidel Castro, Honnecker, Gadafi, Aristide… En la gran mayoría de los casos fueron líderes autoritarios los que emplearon a los más vulnerables como herramienta de presión política.
Ahora mismo se está ejecutando esta deleznable práctica en uno de los supuestos santuarios de la democracia y el liberalismo. Para mayor escarnio, se da entre estados dentro una misma nación; entre los “hunos y los hotros” que diría un escritor bilbaíno. Hay que remontarse a 1962 para hallar una situación parecida, cuando el Consejo de Ciudadanos Blancos, un entramado supremacista y segregacionista, envió desde el sur al norte y oeste de EEUU a unos 200 ciudadanos negros bajo el mismo engaño: trabajo, prosperidad y futuro.
Que dentro de la primera democracia moderna del mundo se esté implementando una táctica política propia de regímenes tiránicos o de asociaciones racistas sólo puede ser un indicador más de la degradación democrática que sufre Estados Unidos.
Foto de portada: Getty Images
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